Entre las actividades del Gobierno Nacional figuran las políticas rurales y habitacionales, que destinan importantes recursos públicos a la entrega de bienes inmobiliarios (tierras y viviendas) u otros (como equipos de cultivo) hacia determinados beneficiarios.
Reconociendo la gran importancia de estas políticas para la mejora de las condiciones de vida de los sectores más carenciados, existe un legítimo interés público en garantizar la utilización adecuada de estos recursos.
Con un sistema de información pública, el Estado y la ciudadanía tendrían la posibilidad de:
- Identificar a beneficiarios por parte de las distintas instituciones públicas (SENAVITAT, INDERT, MAG, etc.)
- Evitar beneficios múltiples o superpuestos para una determinada persona.
- Evitar beneficios hacia personas que no califican para el propósito correspondiente.
Es recomendable determinar un nivel mínimo de beneficio (ej. Gs. 5 millones) a partir del cual el nombre y el CI/RUC del beneficiario serán publicados.